Contratación administrativa e igualdad de los oferentes en Chile

En la actualidad, el Estado compra, construye y se asocia con privados con una intensidad que no le conocíamos. Cada vez son mayores los volúmenes de compra que demandan los Órganos de la Administración del Estado y más variadas las obras que el Estado necesita construir y/o administrar con la ayuda de los particulares. Para alcanzar un desarrollo óptimo de esta nueva forma de gobernar – en ayuda con el sector privado – y que las asociaciones públicas – privadas sean beneficiosos tanto para la administración como para los particulares, es necesario que las reglas que regulan el procedimiento de formación de voluntad y ejecución del contrato administrativo sean claras y conocidas por las partes.

En este contexto, la jurisprudencia y la doctrina juegan un rol importante. Ante la limitada capacidad de las Leyes y Los Reglamentos para prever todas las situaciones que pueden darse, el rol de la jurisprudencia y la doctrina es colmar ese vacío con decisiones que sean adecuadas a los principios jurídicos que regulan la materia. Así, se espera que el contenido de los principios introducidos por la Ley N° 19.886 (LBCASYPS) – tales como, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y libre concurrencia de los oferentes – sea, finalmente, definido por un desarrollo jurisprudencial y académico robusto, coherente y fundamentado. Pretender que sea la propia Ley o su Reglamento los encargados de definir el contenido de dichos principios, es un despropósito.

Debido a lo anterior, llama la atención que, a más de 10 años de la dictación de la Ley N° 19.886 (LBCASYPS), aún no exista certeza sobre el contenido de algunos de sus principios, como el principio de igualdad de los oferentes. Es en este contexto que, el principal objetivo de este estudio es sistematizar el contenido de este principio, definir sus características y sus efectos, determinando quien es el obligado, en qué tipo de cláusulas se encuentra regulado y a qué clase de igualdad se refiere. Asimismo, este estudio pretende sistematizar y analizar críticamente los criterios dictados por la jurisprudencia (administrativa y judicial) y la doctrina para determinar cuándo el principio de igualdad de los oferentes ha sido quebrantado y cuándo no, revisando si aquellas decisiones se adecuan con el contenido de este principio.