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Hanssen Tallar, Carlos

El juicio de cuentas. Segunda edición actualizada

El juicio de cuentas. Segunda edición actualizada

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  • Editorial: Ius Civile
  • Edición: 2da edición actualizada
  • ISBN: 978-956-9050-30-5
  • Año: 2022
  • Encuadernación: Empastado
  • Páginas: 228

La Nación es una comunidad de individuos que comparten tradiciones y  aspiraciones muchas veces dispares, y que se aglutinan con miras a establecer una identidad propia, en busca de un destino que es el bien común. El concepto de Nación se encuentra íntimamente ligado al elemento humano del Estado, en tanto dentro de éste confluyen, además del vínculo político y jurídico, otros vínculos naturales de comunidad, como los Culturales, idiomáticos, religiosos, tradiciones históricas, etc. Y aun cuando puede darse la Nación sin que exista un Estado, lo óptimo y más adecuado es que esa colectividad humana que pretende un destino común y que se asienta dentro de un territorio determinado, estime necesario relacionarse a través de vínculos de orden político y jurídico. Ello, por cuanto la forma más adecuada que tiene esa comunidad, para lograr el bien común, es constituirse en una organización política y jurídica. El principal objetivo que persigue una comunidad al darse la forma de un Estado es la consecución del bien común, el cual tiene por objeto la satisfacción de las necesidades que importan al todo y a cada una de las partes que integran aquella comunidad, y se identifica con los mecanismos que mejor permitan su realización, tanto en el plano material como espiritual (inciso 4º, artículo 1º de la Constitución Política). Y es precisamente la búsqueda de tales objetivos los que determinan la necesidad que tiene esa comunidad para darse una organización, además del régimen jurídico que mejor satisfaga sus necesidades. Entonces esa comunidad se aglutina en el Estado, que surge a partir de la necesidad que tiene ésta de mantenerse unida bajo una estructura política. Y aunque los elementos que conformen la Nación suelen ser complejos, en tanto suponen identidades ideológicas, culturales e incluso psicológicas que pudieren trascender a Verdugo M., Mario, Manual de Derecho Político, Tomo 1, 1988, p. 109. la forma política que para dicha organización se establezca, lo cierto es que el Estado, constituido como una agrupación política y jurídica, sigue siendo la estructura más sólida, permanente y adecuada para encarar un Al constituirse el Estado, surge consecuentemente la necesidad de establecer elementos que posibiliten una vinculación efectiva del grupo humano que lo conforma y de todas sus instituciones. Para ello se requiere que exista una autoridad dotada de poder suficiente, con la capacidad de ejercerlo incluso por medio de la fuerza. De esta forma, conjuntamente con el establecimiento del Estado, debe establecerse, asimismo, la forma de ejercer el poder público por parte de la autoridad que lo dirige que, en virtud de un mandato dado por la comunidad, esencialmente transitorio, la representará y ejercerá dicho poder estatal para la satisfacción de esas necesidades. Pero lo normal y óptimo es que ese poder sea ejercido de acuerdo con la estructura jurídica que se establezca para el Estado. Lo contrario supondría la existencia de un poder arbitrario que, concebido de esa forma, estaría más bien al servicio de una parte de la comunidad, a veces, por cierto, muy limitada y de sus propios intereses, que priman por sobre los del colectivo. El poder del Estado, ejercido de acuerdo con las estructuras institucionales y jurídicas, supone la subordinación de ese poder a un Estado de Derecho, que se conforma a partir de la estricta predominación de la ley, cualquiera sea su manifestación. En la medida que ese poder público se ejerce con apego a la ley, se puede afirmar entonces que existe un Estado de Derecho, concebido a partir de elementos esenciales, destacando como tal la supremacía de la Constitución, en virtud de la cual todo el resto del ordenamiento jurídico de un determinado Estado deberá sujetarse a dicha Carta Fundamental y a las normas dictadas en su conformidad. A la Constitución también quedan subordinados, en virtud del referido principio rector del Estado de Derecho, todo el actuar de los distintos órganos que conforman la estructura estatal, así como también todos sus integrantes, personas o grupo

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